Cinco años después de perder la visión del ojo izquierdo al recibir la primera dosis de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19, la abogada Elizabeth Zavala mantiene una disputa legal contra la Secretaría de Salud federal en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Su reclamo exige una reparación integral y busca sentar un precedente sobre las responsabilidades del Estado frente a efectos adversos graves ocurridos durante las campañas de vacunación.
El caso se originó el 20 de agosto de 2021, cuatro días después de que Zavala recibiera la vacuna en el Auditorio Benito Juárez de Guadalajara. Al despertar esa mañana, descubrió que había perdido completamente la visión en su ojo izquierdo, lo que desencadenó un proceso judicial que podría cambiar la forma en que el Estado responde ante daños vinculados a la inmunización.
Diagnóstico y secuelas médicas
Desde entonces, la abogada ha enfrentado múltiples complicaciones de salud. Inicialmente fue diagnosticada con una oclusión de la vena central de la retina, pero posteriormente el cuadro se amplió a un síndrome de trombosis con trombocitopenia inducida por vacuna, conocido como VITT. La Organización Mundial de la Salud reconoció este síndrome en 2021, aunque advierte que no todos los eventos trombóticos pueden atribuirse directamente a la vacuna.
Zavala ha sido sometida a nueve cirugías y ha recibido catorce inyecciones intravítreas. Pese a los esfuerzos médicos, su estado actual es el de un ojo ciego doloroso, lo que implica daños permanentes y dolor crónico.
Reclamo legal y respuesta del Estado
El litigio no solo cuestiona la relación entre la vacuna y el daño ocular, sino que también examina las obligaciones del Estado al recibir reportes de eventos adversos. La abogada ha documentado sus intentos de contactar a las autoridades sanitarias, quienes, según su versión, no brindaron la asistencia necesaria y se limitaron a recomendarle paracetamol.
El 22 de agosto de 2023, Zavala presentó formalmente su reclamación patrimonial contra la Secretaría de Salud. Aunque fue declarada infundada en noviembre de 2025, lo que la obligó a llevar el caso al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Segunda Sala Regional admitió su demanda de nulidad en febrero de 2026.
Especialistas han señalado que las implicaciones de este caso podrían trascender lo individual, ya que la demanda no solo busca una compensación económica, sino también una revisión de las políticas de respuesta del Estado frente a daños derivados de campañas de vacunación masiva. La situación de Elizabeth Zavala se ha convertido en un emblema de la lucha por la justicia y la responsabilidad estatal en el contexto de la pandemia.
