La reciente iniciativa de Morena para crear una Ley General de Protección Patrimonial contra el Despojo Inmobiliario, presentada por los diputados Elena Edith Segura Trejo y Alfonso Ramírez Cuéllar, ha generado escepticismo y críticas. Un análisis del columnista Jorge A. Martínez Lugo señala que el problema central no es la falta de leyes, sino la aplicación selectiva de la justicia y la participación activa de autoridades en estos delitos de cuello blanco.
El columnista argumenta que el despojo inmobiliario, aunque tipificado en códigos penales federales y estatales, persiste porque involucra a una red de funcionarios corruptos. Notarías, registros públicos, fiscalías, jueces y gobiernos locales son señalados como parte de un sistema que facilita estos crímenes desde el poder, lo que genera desconfianza en que nuevas leyes o foros, como el anunciado Foro Nacional Antidespojo, tengan un impacto real.
Acusaciones contra partidos opositores
Martínez Lugo vincula directamente a políticos de oposición con casos emblemáticos de despojo. Señala al dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, como cabeza del ‘cartel del despojo’ en la Ciudad de México. También menciona a Gabriela Rejón de Joaquín y su hermano José María Rejón de la Guerra, acusados de despojar en 2020 a un ejidatario en Tulum, Quintana Roo, con la presunta autorización de un exgobernador que ahora es embajador en Canadá.
El texto también apunta contra la llamada ‘mafia inmobiliaria verde’, encabezada por Gustavo Miranda García, su madre Erika García Deister y Pablo Bustamante Beltrán. Se les acusa de utilizar juicios laborales simulados y complicidad de autoridades para apropiarse de departamentos de alta plusvalía en Cancún, con la cobertura del dirigente del Partido Verde, Jorge Emilio González.
Desconfianza en la voluntad política de la 4T
El columnista critica que, pese a los señalamientos, Morena no ha ejercido acción penal en la mayoría de los casos y ha utilizado el tema mediáticamente. Sostiene que México sufre de una sobre regulación que no se traduce en justicia efectiva, y que la iniciativa de Morena, en lugar de ser una solución, corre el riesgo de convertirse en un arma política o en un mero ejercicio de lucimiento para sus promotores.
Finalmente, el análisis concluye que la Cuarta Transformación no ha dado muestras claras de querer cerrarle el paso a la corrupción, un reto fundamental para el llamado segundo piso de la transformación, y que la verdadera solución no está en crear más leyes, sino en tener la voluntad política para aplicar las existentes contra políticos corruptos de todos los partidos.
