El Senado de la República, con el respaldo del partido Morena y sus aliados, aprobó posponer hasta el año 2028 una parte central de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esta decisión, avalada también por la presidenta Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica Luisa María Alcalde, se justifica oficialmente por la necesidad de reducir la complejidad operativa y la presión presupuestal de los comicios intermedios de 2027.
Razones técnicas y presupuestales
El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó proyecciones que indicaban que realizar la elección judicial concurrentemente con los comicios federales y locales de 2027 elevaría significativamente los costos. En un escenario simultáneo, se estimaba un requerimiento cercano a los 21 mil millones de pesos, debido a la instalación de aproximadamente 354 mil casillas y la impresión de casi 980 millones de boletas. Separar el proceso y realizarlo en 2028 reduciría el costo operativo a alrededor de 6 mil millones de pesos, frente a más de 8 mil millones en un esquema concurrente.
Con estos argumentos, el Senado ratificó el aplazamiento con 87 votos a favor y 40 en contra, tras haber sido avalado previamente por la Cámara de Diputados. La minuta fue ratificada rápidamente por 21 congresos estatales, consolidando una de las aprobaciones legislativas más veloces de los últimos años.
Antecedentes y primera experiencia electoral
La reforma judicial, presentada por López Obrador en febrero de 2024 como un proyecto central de la Cuarta Transformación, buscaba modificar el equilibrio histórico entre los poderes del Estado mediante la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Sin embargo, su primera implementación en una elección extraordinaria el 1 de junio de 2025 enfrentó problemas.
Dicha jornada se caracterizó por un recorte presupuestal superior al 53% respecto a lo solicitado por el INE, lo que obligó a reducir casillas, cancelar el voto electrónico en el extranjero y limitar programas de difusión. Esto coincidió con una baja participación histórica, donde solo acudió a votar el 13.01% del electorado, equivalente a 12 millones 965 mil 574 personas. Además, se registró un nivel inédito de votos nulos, superando los 26.6 millones de sufragios invalidados solo en la elección para integrar la Suprema Corte.
Cambios en la arquitectura judicial
El nuevo decreto también introduce modificaciones a la estructura del Poder Judicial. Entre ellas, se redefine el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que operará con nueve ministros y podrá dividirse en dos secciones, con una presidencia rotatoria cada dos años.
Especialistas consultados advierten que algunos magistrados electorales podrían extender su permanencia en cargos estratégicos hasta por 17 años continuos, un escenario que contrasta con la narrativa inicial de Morena sobre desmontar privilegios y renovar estructuras de poder.
Análisis y perspectivas
El abogado constitucionalista José Perdomo señaló que el aplazamiento refleja un reconocimiento interno dentro de Morena sobre las fallas estructurales y operativas que comenzó a enfrentar la reforma.
“El riesgo es profundizar la percepción de que la justicia continúa subordinada a intereses políticos”,
alertó.
Desde su perspectiva, la decisión no responde únicamente a criterios técnicos, sino a la necesidad de recalibrar un modelo que no alcanzó el nivel de legitimidad política ni de estabilidad institucional proyectado originalmente. Morena buscaría utilizar su mayoría constitucional para reorganizar la implementación de la reforma antes de un eventual desgaste de cara a las elecciones intermedias de 2027.
