La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum parece estar modificando su postura sobre la explotación del gas de esquisto en México, un recurso abundante en la Cuenca de Burgos, como parte de una estrategia para disminuir la peligrosa dependencia del país de las importaciones energéticas.
Un recurso estratégico desaprovechado
Datos técnicos indican que el país posee uno de los yacimientos de shale gas más extensos del planeta, con un potencial recuperable estimado en más de 545 billones de pies cúbicos, según estudios de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos. Anteriormente, durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se canceló tanto la reforma energética como la explotación de este recurso, una decisión que ahora se revisa ante la evidencia de la vulnerabilidad nacional.
El debate interno y los nuevos argumentos
Los mensajes actuales de la mandataria dirigidos a explicar las ventajas de explotar el gas de esquisto no están dirigidos principalmente al público en general, ajeno a los tecnicismos, ni a los mercados o socios comerciales que ya apoyaban la apertura. Parecen estar enfocados, en cambio, en convencer a los sectores más dogmáticos dentro de su propio movimiento político, incluyendo a su base más ideológica, acerca de la necesidad pragmática de utilizar este recurso disponible.
La argumentación se centra ahora en que la soberanía energética se asegura con hechos concretos y producción, no solo con discursos. México importa actualmente el 75% del gas natural que consume, una dependencia considerada riesgosa debido a la volatilidad de los precios internacionales, a factores geopolíticos y a la imprevisibilidad climática.
Los desafíos prácticos por delante
El gran reto que enfrenta esta nueva intención radica en la capacidad de ejecución. Petróleos Mexicanos (Pemex) no posee, por sí solo, la especialización ni la experiencia técnica necesaria para llevar a cabo la extracción mediante fracking de manera eficaz, una tarea para la que se requiere la participación de capital privado.
Intentar que Pemex realice estas operaciones sin el apoyo de empresas especializadas, posiblemente mediante mayor endeudamiento público, podría generar un problema mayor que el que se intenta resolver. Para atraer la inversión privada se necesitan garantías, seguridad jurídica y un clima de confianza, elementos que se señala como desafíos pendientes.
Parece que la administración de la presidenta Sheinbaum ha comprendido que la soberanía energética no se construye con retórica, sino con moléculas.
El proceso se anticipa lento y tardío, pero su éxito dependerá de si el gobierno logra internalizar que la verdadera autonomía en este sector solo puede alcanzarse con la colaboración de la iniciativa privada, superando antiguas posturas ideológicas.
