En lo que va de 2026, México ha registrado el asesinato de más de cien elementos policiales, alcanzando la cifra de 101 agentes muertos, según datos de la organización Causa en Común, lo que evidencia una escalada de violencia contra las fuerzas de seguridad.
Concentración geográfica de la violencia
La mayor parte de estos homicidios se concentra en cinco estados, que acumulan 65 de los casos. Jalisco es la entidad más afectada con 29 policías asesinados, seguido por Sinaloa con 12, Morelos con 10, el Estado de México con 8 y Guanajuato con 6.
Esta distribución territorial señala que la violencia responde a disputas locales por el control criminal, donde los grupos delictivos confrontan por rutas, plazas y economías ilícitas, ubicando a los policías como objetivos directos para intimidar y ejercer dominio.
Impacto operativo y condiciones estructurales
La pérdida de agentes golpea la capacidad operativa del Estado, disminuyendo la presencia en las calles, la capacidad de respuesta y debilitando institucionalmente a las corporaciones, lo que beneficia a las organizaciones criminales.
Las condiciones estructurales agravan la vulnerabilidad de los policías municipales y estatales, quienes enfrentan salarios bajos, capacitación limitada, equipos insuficientes y la persistencia de prácticas de corrupción que erosionan la confianza y dificultan la coordinación.
Una crisis de percepción y legitimidad
La cifra de asesinatos también ha generado una fractura en la percepción social. Una parte de la población reacciona con desconfianza hacia las corporaciones, debido a experiencias de abusos, extorsiones y corrupción, viendo al uniforme más como un riesgo que como una garantía de protección.
Por otro lado, existe una preocupación que interpreta estos asesinatos sistemáticos como una señal clara del debilitamiento del Estado de Derecho y la pérdida de control territorial frente al crimen organizado, incrementando la sensación general de vulnerabilidad.
Esta división refleja un problema más profundo: mientras unos ven a la policía como parte del problema, otros advierten que su debilitamiento agrava el vacío de autoridad, coincidiendo en que la crisis de seguridad sigue sin una respuesta efectiva y la distancia entre gobierno y ciudadanía se amplía.
