En Puebla, las disputas internas al interior de Morena y su gobierno estatal han escalado, transformándose de conflictos aparentemente manejables en un problema político que impacta la narrativa de gobierno y proyecta riesgos hacia las elecciones de 2027.
De lo jurídico a lo político
Un caso central es el litigio por la herencia de Socorro Romero, que inicialmente era una disputa patrimonial pero ahora involucra directamente a la dirigencia estatal morenista. Olga Romero, líder estatal del partido, se encuentra en el centro de este conflicto, el cual ha pasado por diversas instancias institucionales y ha generado cuestionamientos sobre tiempos y decisiones.
El gobernador Alejandro Armenta enfrenta un costo político indirecto por este entorno, ya que la percepción pública se ha vuelto un factor clave. Para Morena, un partido que basa su identidad en la transformación y la cercanía con la gente, es riesgoso que una de sus principales figuras estatales esté recurrentemente asociada a un conflicto en torno a una herencia millonaria y decisiones institucionales cuestionadas.
Impacto en la narrativa y la estabilidad
El fondo político plantea preguntas sobre el mensaje que se envía al interior del movimiento cuando su dirigencia parece concentrada en una disputa personal de gran magnitud, y qué señales se proyectan al exterior cuando el conflicto escala en paralelo a decisiones de gobierno. Esto comienza a construir una narrativa incómoda en Puebla: la de un partido envuelto en conflictos internos que distraen, desgastan y generan dudas, en lugar de cerrar filas en torno a su proyecto.
El riesgo no es solo mediático, sino de gobernabilidad, ya que cuando actores políticos con posiciones relevantes se involucran en disputas que alcanzan el nivel institucional, se genera una tensión innecesaria cuyo costo se distribuye entre el gobierno, el partido y el proyecto político en su conjunto.
Otro foco de conflicto interno
Además, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Social del gobierno de Puebla, Ana Laura Altamirano, enfrenta un problema con su delegado en la microrregión 18, Omar Pérez. Este personaje es señalado por desestabilizar políticamente la región de San Andrés y San Pedro Cholula y por recibir quejas por maltrato hacia productores del campo, a quienes presuntamente les solicitaría su ‘milpa’ para acceder a apoyos y programas.
Lo más grave es que Pérez haría uso del nombre del gobernador Armenta y de la propia secretaria para estas acciones, manchando la imagen que Altamirano ha cuidado. Las quejas ya llegaron al gobernador, quien probablemente tomará cartas en el asunto.
