El senador Enrique Inzunza ha cumplido más de tres meses sin asistir físicamente al Senado de la República, operando bajo un esquema de trabajo remoto mientras continúa recibiendo su dieta legislativa mensual, que supera los 110,000 pesos netos.
La prolongada ausencia del legislador federal se da luego de que agencias de Estados Unidos lo señalaran por presuntos vínculos con estructuras del crimen organizado. Ante los cuestionamientos de la oposición, la bancada oficialista ha justificado su permanencia en el cargo argumentando que no existe una sentencia condenatoria firme en tribunales nacionales.
Postura de la bancada de Morena
El coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier Velazco, declaró que resulta improcedente solicitar la separación del cargo o una licencia definitiva del legislador debido a que no hay un procedimiento penal formal en territorio mexicano. Según la dirigencia del grupo parlamentario, la inasistencia presencial responde a una estrategia operativa interna y no a una evasión de responsabilidades, y condicionan cualquier medida disciplinaria a la presentación de pruebas documentales por parte de las autoridades extranjeras.
La permanencia de Inzunza en la Comisión de Justicia y en los trabajos de la Comisión Permanente ha generado debates sobre la ética parlamentaria y la rendición de cuentas. Analistas legislativos señalan que el uso constante de modalidades a distancia para evitar la presencia física en la capital del país debilita el control político y la representación ciudadana que exige la Cámara Alta.
Restricciones financieras y participación remota
En las últimas semanas, Enrique Inzunza ha evitado asistir a la Ciudad de México, limitando su participación a enlaces telemáticos en comisiones ordinarias. Debido al bloqueo formal de sus cuentas bancarias y activos financieros por las investigaciones internacionales, el congresista recibe sus percepciones económicas mediante cheques expedidos por la tesorería del Senado.
Los partidos de oposición continúan exigiendo una revisión del fuero constitucional y la aplicación de sanciones administrativas ante el ausentismo prolongado. Sin embargo, la mayoría oficialista mantiene su respaldo político al senador, reiterando que respetarán el principio de presunción de inocencia mientras las instancias de procuración de justicia no emitan requerimientos formales vinculantes para el Congreso de la Unión.
