El autor realiza una crítica a la gestión política del gobierno mexicano actual, empleando una extensa analogía con las reglas y sanciones del fútbol para ilustrar lo que considera un desempeño deficiente en el ámbito democrático.
Infracciones y tarjetas
Compara al gobierno con una selección de fútbol que ocuparía el último lugar en un campeonato mundial por acumular todas las sanciones posibles. Señala que las irregularidades, que denomina “tarjetas amarillas”, han sido cometidas durante los regímenes del PRI, del “PRIAN” y de la llamada Cuarta Transformación.
La columna enumera una serie de supuestas faltas políticas bajo términos deportivos. Incluye la “tarjeta de advertencia” por discutir con la autoridad para encubrir faltas graves, y el “retrasar el juego”, técnica que asocia con la lentitud en los cambios de funcionarios.
Comportamiento antideportivo y juego sucio
Señala como “comportamiento antideportivo” las acciones de instituciones que regulan normas democráticas, mencionando a la Secretaría de Gobernación, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el INE, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Federal Electoral y, de manera destacada, a todo el sistema judicial.
Otra falta identificada es la “advertencia del árbitro”, que ocurre cuando jugadores y entrenadores presionan e insultan a la autoridad gubernamental hasta sacarla de quicio. El “juego sucio” se atribuye a funcionarios que, por instrucciones o por iniciativa propia, “endurecen la pierna” para golpear ilegalmente al adversario político, utilizando tácticas como el “mataperros proa”.
Catálogo de faltas y sanciones
Los “tiros libres directos e indirectos” representan un amplio catálogo de faltas políticas y sociales. Este abarca desde el uso de la fuerza pública para intimidar, atacar al contrincante en lugar de debatir ideas, acosar a la gente, lanzar insultos subrepticios contra la sociedad, hasta el “juego peligroso” contra quienes denuncian abusos de poder.
La “conducta antideportiva” incluye desde la simulación de agresiones en procesos electorales o manifestaciones, hasta el uso de instrumentos del Estado para retrasar el funcionamiento de instituciones cuando esto beneficia al poder en turno. También menciona a un “árbitro vendido al poder político” y la acción de “quitarse la camiseta” para ocultar las lealtades políticas que los jugadores representan.
Otras infracciones listadas son los “empujones”, engaños en la aplicación de leyes, abuso de autoridad, dádivas, sobornos y el uso de uniformes para hacer propaganda a partidos como el PRI, el “PRIAN” o Morena.
La tecnología y la pena máxima
La columna hace referencia al VAR (Video Assistant Referee) como un equipo auxiliar que revisa cámaras para corregir errores arbitrales o atender quejas, forzando a veces a la autoridad a marcar una falta que el “hombre del silbato distraído” (el funcionario que no aplica la ley) había omitido.
Finalmente, aborda la “pena máxima: el penalti”, que implica un tiro directo desde los once pasos y que, según el autor, muchas veces solo se decreta por decisión autoritaria del “árbitro presidencialista” o del VAR. Afirma que el poder público en funciones frecuentemente comete faltas dentro del área, controlando al árbitro y al VAR para que no marquen la pena máxima, especialmente en casos de abusos policiacos, procesos electorales y corrupción flagrante.
Concluye que México ya tiene “varios campeonatos mundiales en violación de reglas democráticas” derivadas de este ficticio reglamento de sanciones del fútbol político. Al final, incluye una nota de “Política para dummies” donde define a la política como “la dictadura de los intereses de los dueños del balón, de los administradores de las instituciones reguladoras y de las televisoras y patrocinadoras que han pervertido el ejercicio democrático del poder público”.
