Con el propósito de enfrentar el aumento de estafas en la industria del turismo, la bancada de Morena en el Congreso de Nuevo León presentó una iniciativa para crear el delito de fraude turístico en el Código Penal estatal y facultar a la Fiscalía para investigarlo sin necesidad de denuncia previa.
Detalles de la propuesta legislativa
La diputada Brenda Velázquez Valdez explicó que la iniciativa busca incorporar un nuevo artículo, el 386 Bis, que equipararía a fraude la oferta o contratación de servicios de viajes, hospedaje o paquetes vacacionales cuando no exista la capacidad real para cumplirlos o cuando haya un incumplimiento injustificado tras recibir pagos.
Además, se propone modificar el Artículo 408 para que este tipo de delitos patrimoniales puedan ser perseguidos de oficio por las autoridades, lo que permitiría a la Fiscalía General de Justicia iniciar indagatorias de manera inmediata sin esperar a que cada persona afectada interponga una queja formal.
Antecedentes y cifras que motivan la reforma
La legisladora de Morena fundamentó la propuesta en el incremento de denuncias contra agencias de viajes y prestadores de servicios que reciben anticipos y luego incumplen lo pactado o desaparecen sin realizar reembolsos.
Según datos citados por Velázquez Valdez, durante el año 2025 la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) registró 73 quejas contra proveedores de servicios turísticos en el estado. En los primeros meses de 2026 ya se han acumulado 22 casos, relacionados principalmente con incumplimiento de servicios, cancelaciones de viajes, negativas de devolución y paquetes vacacionales que nunca existieron.
“Estamos hablando de esquemas que afectan simultáneamente a decenas de personas y generan pérdidas millonarias. La autoridad debe contar con herramientas para actuar con mayor rapidez y evitar que estos casos queden impunes”, expresó Brenda Velázquez.
Consecuencias y alcance de la iniciativa
La propuesta establece que, además de las sanciones penales correspondientes, los responsables podrían enfrentar la inhabilitación para operar como prestadores de servicios turísticos y medidas legales contra las empresas involucradas.
De ser aprobada, Nuevo León convertiría al fraude turístico en uno de los pocos delitos patrimoniales investigables de oficio, lo que permitiría una respuesta más ágil ante afectaciones colectivas y facilitaría la actuación de la Fiscalía cuando haya múltiples víctimas.
“No podemos permitir que quienes juegan con el patrimonio de las familias sigan aprovechando vacíos legales. Esta reforma busca enviar un mensaje claro de que habrá consecuencias para quienes engañen a los consumidores”, concluyó la legisladora.
