Una ola de rechazo ciudadano en redes sociales se dirige contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de que autoridades estadounidenses lo vincularan con el crimen organizado, situación que ha generado una crisis de legitimidad para su administración.
Clamor digital por rendición de cuentas
La publicación oficial del mandatario estatal negando las imputaciones desde Estados Unidos acumuló más de 18 mil interacciones en pocas horas, con un sentimiento mayoritario de censura. Numerosos mensajes exigen que Rocha Moya se presente ante la justicia para demostrar su inocencia, advirtiendo que él y sus colaboradores podrían terminar en prisiones de máxima seguridad en el país vecino.
Las críticas más severas se centran en el desempeño criminal atribuido al gobierno estatal y en la urgencia de justicia para los habitantes de Sinaloa. Usuarios en Facebook y X sostienen que las revelaciones internacionales solo confirman hechos que ya eran del conocimiento público dentro de la entidad.
Defensa coordinada y narrativa oficial
Un análisis técnico de una muestra de 500 respuestas revela que el 68% de las interacciones provienen de usuarios orgánicos, mostrando preocupación ciudadana genuina. Cerca del 32% de los perfiles exhiben rasgos de automatización o acciones coordinadas.
El procesamiento de datos masivos indica que casi el 58% de las interacciones globales son negativas. En contraste, el 28% de los comentarios favorables provienen mayoritariamente de cuentas inorgánicas, integrantes del gabinete estatal y simpatizantes de Morena. Los argumentos de defensa replican sistemáticamente el discurso del gobernador, calificando las acusaciones como ataques políticos sin pruebas.
Contexto local y silencio mediático
La indignación también ha sido expresada por colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, cuyos integrantes recordaron al gobernador que la complicidad en la crisis del país genera consecuencias y que es necesario deslindar responsabilidades por las deudas históricas con las víctimas del estado.
A diferencia del clamor en redes, los medios de comunicación locales mantienen un hermetismo institucional, limitando su cobertura a difundir las versiones de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Incluso se han publicado encuestas que posicionan favorablemente a Rocha Moya y a su ahijado, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendivil, omitiendo el contexto de inseguridad y las acusaciones compartidas.
Escenario político y realidad social
Voces de la sociedad civil, como Marlén León Fontes de Iniciativa Sinaloa, advierten que estos eventos no son aislados y que la cercanía del proceso electoral de 2027, año en que termina el mandato de Rocha Moya, sitúa estas investigaciones extranjeras como un factor determinante para la confianza ciudadana.
Mientras el debate político escala, la capital sinaloense, Culiacán, refleja una parálisis social con calles vacías y un incremento notable de presencia militar con retenes, enmarcado en el conflicto interno entre facciones criminales desatado tras la captura de Ismael «El Mayo» Zambada.
