Un debate público sobre la dirección económica del país se desarrolló durante la Semana Santa entre el actual secretario de Hacienda, Edgar Amador, y el exfuncionario Guillermo Ortiz Martínez.
Posturas encontradas en el análisis económico
Ortiz Martínez, quien anteriormente ocupó el cargo de secretario de Hacienda y gobernador del Banco de México, señaló varias limitaciones estructurales en la administración actual. Entre sus observaciones incluyó un rezago en el crecimiento del Producto Interno Bruto, una desinversión en sectores clave como salud y educación, y una falta de confianza por parte del capital privado para compensar la reducción del gasto gubernamental.
En respuesta, el secretario Edgar Amador defendió el modelo de la Cuarta Transformación, argumentando que el análisis de Ortiz omitía indicadores clave para evaluar los resultados de lo que describió como un modelo de ‘bienestar compartido con responsabilidad fiscal’. Amador citó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y de la Secretaría del Bienestar, destacando una tasa de desempleo del 2.6% en enero de 2025, que calificó como la más baja entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Preocupaciones de las agencias calificadoras
Más allá del intercambio de opiniones entre los dos economistas, diversas firmas internacionales de calificación crediticia han manifestado inquietudes. Estas se centran en las estimaciones presentadas en los Precriterios de Política Económica para el próximo año, particularmente las proyecciones para 2027.
Una preocupación específica es el incremento proyectado del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público hasta un 55% del PIB, lo que genera temores sobre un posible agotamiento del margen de maniobra fiscal del país. Agencias como Fitch Ratings y Standard & Poor’s han advertido que, sin una reforma fiscal profunda y con el ritmo actual de absorción de las pérdidas de Petróleos Mexicanos, la salud fiscal de México podría verse comprometida.
Finalmente, se subraya que, mientras las opiniones de analistas como Ortiz pueden recibir réplicas del gobierno, una eventual degradación de la calificación crediticia del país tendría consecuencias tangibles, como un encarecimiento del financiamiento para los mexicanos, alejando la posibilidad de perder el grado de inversión de ser una amenaza lejana a una realidad más cercana.
