Un nuevo proyecto cinematográfico impulsado por la actriz Salma Hayek, en colaboración con el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum, ha generado fuertes críticas y acusaciones de opacidad. La iniciativa, presentada durante un acto público, busca financiar producciones audiovisuales con recursos públicos, lo que ha desatado cuestionamientos sobre la transparencia y los verdaderos motivos detrás del plan.
Financiamiento público y sospechas de conflicto de intereses
La intérprete, quien reside desde hace décadas en Estados Unidos y posee múltiples nacionalidades, aseguró durante su intervención que enfrentó dificultades para obtener financiamiento en México, a diferencia de otros países que ofrecen incentivos para la industria fílmica.
“enfrenté obstáculos para financiarme, mientras otros países ofrecían incentivos para el cine. Cuando quise venir a hacer mi película a México no podía conseguir el dinero; me lo daban si me iba a cualquier otra parte, menos México”
, afirmó, argumentando que solo con la actual administración fue posible abrir puertas.
El plan contempla destinar hasta 40 millones de pesos por producción, con requisitos como que al menos el 70% del equipo sea nacional y que los gastos se realicen en territorio mexicano. No obstante, se permite la contratación de extranjeros y la filmación parcial en otros países, lo que ha generado dudas sobre su verdadero impacto en la industria local.
¿Por qué no IMCINE u otras productoras nacionales?
Críticos señalan que ya existe una institución encargada de fomentar el cine mexicano: el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), cuya directora no fue la encargada de presentar el plan. Tampoco se involucró a productores independientes o a figuras consolidadas del cine nacional, como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón o Alejandro González Iñárritu, conocidos como los “Tres Amigos de Hollywood” por sus logros internacionales.
La ausencia de estos referentes ha llevado a cuestionar por qué se otorgó el protagonismo a una figura extranjera con vínculos lejanos al país, en lugar de apoyar a creadores que han impulsado el cine mexicano desde dentro. Además, se menciona que empresas como Argos Media Group, vinculadas a Epigmenio Ibarra, tienen adeudos millonarios con el fisco federal, lo que agrava la percepción de impunidad.
Acusaciones de lavado y uso político del arte
Más allá del financiamiento, surgen sospechas sobre el origen del dinero y la posibilidad de que el proyecto sirva como mecanismo de lavado. Dado que Salma Hayek está casada con François-Henri Pinault, uno de los hombres más ricos del mundo, muchos se preguntan por qué no se utiliza capital privado en lugar de fondos públicos.
También se destaca su cercanía con funcionarias morenistas, como Rocío Nahle en Veracruz y Mara Lezama en Quintana Roo, entidades que recibirían parte de las filmaciones. Esto ha alimentado la teoría de que el proyecto no es cultural, sino una estrategia para justificar el gasto de recursos en medio de una crisis social, económica y de seguridad.
El autor de la nota concluye que el verdadero propósito no es rescatar el cine nacional, sino aprovechar la imagen de una celebridad para legitimar un manejo opaco de los fondos públicos, en un contexto marcado por la corrupción, la inseguridad y la desconfianza hacia el gobierno actual.
