La conclusión de la consulta realizada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) sobre los nuevos lineamientos para los derechos de las audiencias ha generado controversia respecto al alcance de estas medidas y la libertad de expresión en el país. Mientras la administración federal defiende la medida como un paso hacia la democracia, sectores críticos señalan un intento de centralización del poder.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha negado de forma tajante que estas nuevas disposiciones constituyan un ejercicio de censura o un intento de silenciar las críticas hacia su administración. Según la mandataria, existe un consenso con los sectores comunicativos, señalando que: “hay incluso un acuerdo con la Cámara de la Radio y la Televisión. Las dudas eran sobre todo en el tema de las multas, cómo se aplicarían estas multas. Hay un acuerdo”.
Para la jefa del Ejecutivo, estas reglas son un paso positivo para el país. La presidenta afirmó que estos lineamientos representan “un avance en la democracia de nuestro País. No tiene nada que ver con la censura”. Asimismo, indicó que se espera que la CRT emita los documentos para que posteriormente Luisa María Alcalde, directora jurídica de la Presidencia, explique los detalles del acuerdo durante la conferencia matutina.
Controversia sobre la aplicación de las reglas
El debate se intensifica debido a la posible aplicación diferenciada de estas normas. Se ha cuestionado que, mientras se busca regular a los medios de comunicación, las conferencias matutinas de la presidenta no se sometan a los mismos criterios de verificación de información o defensa de las audiencias. Al respecto, la presidenta ha mantenido una postura firme sobre la libertad de quienes deciden sintonizar sus informes, comentando anteriormente: “Quien no quiera ver la mañanera, pues que no vea la mañanera”.
La discusión también pone sobre la mesa la autonomía de la CRT, tras la pérdida de independencia técnica que anteriormente ostentaba el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y la participación de la Presidencia en la elaboración de estos procesos regulatorios.
Situación de la magistrada Mónica Soto
En otro ámbito de la política nacional, se ha mencionado la posibilidad de que la presidenta asigne un cargo público a la magistrada electoral Mónica Soto Fregoso, tras su renuncia a la magistratura, un movimiento que ha sido observado por su implicación con la legalidad de los procesos electorales previos.
