Las recientes iniciativas legislativas impulsadas por la mayoría de Morena y sus aliados han generado un intenso debate nacional sobre los límites del poder estatal y la protección de las libertades individuales. El análisis de estas reformas plantea una interrogante central: cómo fortalecer las capacidades de las instituciones sin que esto se traduzca en un control excesivo sobre el patrimonio, las finanzas y la expresión de la población.
Nuevas facultades en el registro de propiedades y recaudación
Uno de los puntos clave es la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, la cual fue enviada al Senado. Esta medida busca actualizar y homologar la información en los registros de propiedad y catastros para mejorar la recaudación en los municipios y brindar certeza jurídica, aunque también genera inquietudes sobre la privacidad y seguridad de los datos patrimoniales de los ciudadanos.
En este mismo contexto, surge la preocupación por un posible aumento en el cobro del predial, fenómeno que algunos sectores denominan como “predialazo”. Aunque no hay un incremento oficial aprobado, la mayoría calificada de Morena permitiría implementar cambios que actualicen los valores catastrales y establezcan tasas progresivas para inmuebles desocupados o subutilizados. Si bien combatir la especulación inmobiliaria es un objetivo válido, existe el temor de que la carga fiscal se use para presionar la venta de propiedades, afectando el derecho a la propiedad privada.
Digitalización económica y regulación de la expresión
Por otro lado, la propuesta de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos busca fomentar el uso de medios electrónicos en diversos trámites. Aunque el proyecto contempla opciones para usar efectivo o cheques en caso de fallas técnicas, se debate si la digitalización podría terminar limitando a las personas que dependen del efectivo o que no tienen acceso a servicios financieros.
Finalmente, se analiza la llamada “ley antimemes”, un conjunto de reformas que regulan el uso de símbolos oficiales, derechos de autor e imágenes. Mientras el gobierno argumenta que busca prevenir fraudes y usos comerciales indebidos, diversos sectores advierten que la ambigüedad de estas reglas podría terminar afectando la sátira, la parodia y la crítica política en el país.
