La labor de la Fiscal General de la Nación, Ernestina Godoy, se encuentra bajo un fuerte cuestionamiento tras el error cometido por su dependencia al anunciar un supuesto decomiso masivo de combustible en San José de Iturbide, Guanajuato. Lo que inicialmente se presentó como un golpe histórico al huachicol, resultó ser un error operativo, ya que los 59 millones de litros de combustible no eran producto de un delito, sino gasolinas y diésel de Pemex legalmente asignados a la empresa privada SIMSA para su distribución en el Bajío.
El incidente ha generado críticas hacia la capacidad de respuesta de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch. Según se señala, transcurrieron dos semanas desde que las instalaciones fueron inspeccionadas hasta que se anunció el decomiso, periodo en el cual no se detectó que la operación de la empresa era totalmente legal y contaba con la autorización de Pemex.
Fallas en la investigación y operativos
El error de las autoridades ha puesto en duda la eficacia de sus investigaciones. Se critica que, a diferencia de otras instalaciones clandestinas conocidas, como la de Cadereyta en Nuevo León, la infraestructura en San José de Iturbide presentaba oficinas, jardines y una organización que no correspondía a una operación ilícita. Este descuido ha llevado a que se culpe a un delegado de la Fiscalía en Guanajuato por la equivocación.
Asimismo, el caso ha reavivado la discusión sobre la gestión de la seguridad en otros estados como Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas y Sinaloa, donde se reportan problemas similares con la captura y liberación de personas involucradas en el robo de combustible.
Críticas a la integridad de delegados
El análisis del suceso sugiere la existencia de un posible esquema de corrupción entre algunos delegados de la Fiscalía y Seguridad Nacional. Se menciona que algunos funcionarios podrían estar utilizando la captura de personas vinculadas al sector de combustibles para negociar liberaciones a cambio de pagos ilícitos, aprovechando la situación para obtener beneficios económicos.
Ante la gravedad de este error que afectó la información presentada en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha solicitado que la Unidad de Inteligencia Financiera realice un rastreo de las cuentas y bienes de los delegados involucrados para determinar si existen irregularidades o extorsiones relacionadas con el caso de SIMSA.
