La diputada local de Morena, Rosario Sarabia Soto, generó una fuerte controversia en Sinaloa al señalar que las muertes de mujeres en el municipio de Escuinapa no deben catalogarse como feminicidios. La legisladora argumentó que estos hechos estarían vinculados a otras circunstancias y a posibles nexos de las víctimas con el crimen organizado.
A través de sus redes sociales, Sarabia respondió a dudas de la ciudadanía sobre la violencia de género en la zona, sugiriendo que, si bien las investigaciones deben iniciar bajo la figura de feminicidio, en estos casos específicos no hubo una motivación de género. Estas declaraciones ocurrieron en un contexto donde Sinaloa ha enfrentado un aumento en los asesinatos de mujeres, con reportes de violencia en municipios como Culiacán, Mazatlán y el mismo Escuinapa durante este 2026.
Reacción de las organizaciones civiles
Ante estos comentarios, la colectiva Orquídeas Moradas manifestó su rechazo a que una servidora pública determine la naturaleza de los crímenes antes de que las investigaciones concluyan. La organización subrayó que es responsabilidad exclusiva de las autoridades ministeriales establecer si un asesinato es un feminicidio, basándose estrictamente en las pruebas y el contexto de cada situación.
La colectiva también advirtió sobre el peligro de vincular públicamente a las víctimas con delitos sin una resolución oficial, señalando que estas acciones fomentan la criminalización y la revictimización de las mujeres fallecidas. Insistieron en que, sin importar el contexto, las víctimas merecen procesos de investigación serios que permitan esclarecer la verdad.
Contexto legal y de investigación
La Fiscalía General del Estado había mencionado previamente que algunas líneas de investigación en los primeros meses del año apuntaban a actividades delictivas, pero aclaró que esto no define la clasificación de todos los casos de violencia contra mujeres en el estado. En Sinaloa, la ley dicta que toda muerte violenta de una mujer debe tratarse inicialmente con perspectiva de género hasta que las autoridades determinen lo contrario mediante pruebas.
Este incidente ha reabierto el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios al comunicar avances en casos de violencia, enfatizando la importancia de no anticipar conclusiones que corresponden únicamente a las instancias judiciales encargadas de impartir justicia.
