Políticos y funcionarios que no pertenecen a la Cuarta Transformación han solicitado protección a las autoridades federales ante amenazas de muerte sin recibir una respuesta adecuada, lo que en algunos casos ha derivado en asesinatos.
Casos de desatención en Oaxaca y Michoacán
El alcalde panista de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, Joel Ángel Bravo, pidió resguardo personal al gobernador Salomón Jara debido a constantes amenazas recibidas durante su gestión, petición que fue desestimada. En Uruapan, Michoacán, el alcalde independiente Carlos Manzo también solicitó protección, señalando al senador Raúl Morón y al diputado federal Leonel Godoy como posibles responsables de cualquier agresión, pero fue asesinado el 1 de noviembre sin haber obtenido respuesta.
La situación de una legisladora en Sinaloa
La diputada local por Sinaloa, Paola Gárate Valenzuela, ha requerido protección a la Guardia Nacional y a las secretarías de la Defensa Nacional, Seguridad Pública y Gobernación, tras sufrir secuestro y recibir constantes amenazas por ser crítica del gobierno estatal. Recientemente, se dejó una corona mortuoria en la puerta de su casa, lo que se interpreta como una advertencia de muerte. La respuesta gubernamental fue ofrecerle seguridad selectiva, condicionada a que ella avisara cuándo la necesitaba.
Un patrón de selectividad política
El texto señala que existe una desestimación sistemática hacia las peticiones de auxilio de políticos que no son afines al gobierno federal, evidenciando que la protección no se extiende a toda la ciudadanía ni a los opositores que la requieren. En contraste, se observa un amparo hacia figuras aliadas, como el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien se protege de una posible extradición solicitada por un fiscal de Nueva York, acusado de vínculos con grupos criminales.
El autor concluye que esta dinámica deja en claro que la prioridad del gobierno no es la protección general, sino una salvaguarda selectiva basada en la filiación política.
