Legisladores del partido Morena iniciaron un procedimiento para solicitar un juicio político en contra de la mandataria estatal de Chihuahua, Maru Campos, debido a acusaciones de que habría permitido la participación de agentes de la CIA en operaciones dentro de la entidad. La petición fue formalmente ingresada en la Cámara de Diputados federal, dando inicio al proceso legal correspondiente.
Trámite legislativo en curso
Kenia López Rabadán, diputada, explicó que el escrito presentado debe ser ratificado para poder avanzar en su tramitación. Una vez hecho esto, será turnado a la Subcomisión de Examen Previo, instancia que determinará si existen fundamentos suficientes para abrir un procedimiento formal de juicio político, asegurando que las imputaciones se revisen conforme a la ley.
Núcleo de la acusación
La denuncia se centra en la presunta intervención de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos en actividades de seguridad realizadas en territorio chihuahuense. De corroborarse esta situación, se estaría frente a una posible vulneración de la soberanía nacional, con las consiguientes repercusiones en el ámbito diplomático.
Postura del partido en el gobierno
Por su parte, Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, señaló que la citación de la gobernadora Campos por la Fiscalía General de la República, en calidad de testigo, no representa una afectación a su fuero constitucional. Montiel afirmó que la mandataria estatal se vio obligada a hablar públicamente debido a la presión social generada por los eventos ocurridos en la Sierra de Chihuahua.
Además, la líder morenista acusó a ciertos sectores políticos de intentar escudarse en el fuero para evadir posibles responsabilidades legales.
Posibles consecuencias y contexto
De avanzar el juicio político y determinarse responsabilidad, la gobernadora podría enfrentar sanciones administrativas o incluso la inhabilitación para ocupar cargos públicos. No obstante, el caso se encuentra aún en una fase preliminar.
Impacto en el debate nacional
Esta solicitud de juicio político sitúa en el centro de la discusión pública temas fundamentales como la soberanía nacional, la seguridad y las relaciones entre gobiernos locales e instancias internacionales. El devenir de este proceso será determinante para calibrar su alcance dentro de la política mexicana.
