La figura de la Defensoría de las Audiencias, fortalecida por la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión de la Cuarta Transformación, genera cuestionamientos sobre su potencial uso como instrumento de control político sobre los contenidos mediáticos, bajo el argumento de proteger los derechos del público.
Veto a entrevista como ejemplo
Un caso que ilustra esta preocupación ocurrió en enero, cuando las Defensorías de Canal Once y Canal 14 decidieron vetar una entrevista de Sabina Berman a Eduardo Verástegui. Las autoridades argumentaron que el contenido promovía “una noción política contraria a los derechos fundamentales de las mujeres y de otros grupos en situación de vulnerabilidad” y no se ajustaba “a los principios rectores” de los medios públicos.
Esta decisión pone sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿quién tiene la autoridad para definir qué ideas son aceptables para la audiencia y cuáles deben ser bloqueadas? El riesgo principal identificado es la subjetividad ideológica.
Límite difuso y autocensura
Cuando una instancia como esta puede interpretar qué opiniones son incompatibles con los “derechos de las audiencias”, la línea que separa la protección de la censura se desdibuja. La situación empeora si ese criterio se aplica con mayor rigor contra ciertas voces, mientras se pasan por alto declaraciones polémicas provenientes del ámbito del poder político.
Una consecuencia natural de este escenario es la autocensura. Periodistas, conductores y productores de medios públicos podrían recibir el mensaje de que algunas posturas generan problemas y otras no. Cuando el costo de transmitir una opinión incómoda puede resultar en vetos o sanciones, el pluralismo informativo se reduce.
Marco legal y riesgos democráticos
La nueva legislación obliga a todos los concesionarios de radio y televisión a contar con una Defensoría de las Audiencias registrada ante la autoridad y establece sanciones económicas por incumplimiento. El objetivo oficial es “garantizar el derecho del pueblo a una información veraz”.
Sin embargo, se plantea un problema democrático de fondo: en una democracia, el Estado no debería erigirse como árbitro único de la verdad. Conceptos como “desinformación”, “pluralidad” o “discurso de odio”, aunque razonables en teoría, pueden volverse peligrosos cuando quedan sujetos a interpretaciones políticas. La historia muestra que los mecanismos creados para “proteger” a la sociedad suelen terminar siendo usados para proteger al poder establecido.
Problema de independencia y contexto político
Existe además una cuestión estructural de independencia, ya que las Defensorías en medios públicos dependen de instituciones vinculadas al Estado. Su fortalecimiento ocurre en un contexto de alta concentración política y debilitamiento de contrapesos. Sin procesos de designación autónomos, criterios objetivos y sistemas de apelación sólidos, esta figura corre el riesgo de convertirse en un filtro ideológico con apariencia técnica.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha posicionado esta figura como una bandera de su política de comunicación, argumentando que fortalece al ciudadano frente a los excesos de los medios. No se niega el derecho de las audiencias a recibir información veraz y plural, sino que el problema surge cuando el gobierno asume la facultad de decidir qué versiones de la realidad son aceptables para la ciudadanía.
Los primeros casos relevantes ya sugieren la posibilidad de que la Defensoría de las Audiencias funcione más como un mecanismo de control narrativo que como un garante genuino de la diversidad de ideas. Cuando un órgano decide qué voces son admisibles en el espacio público, deja de defender a las audiencias y comienza a administrarlas, y un público administrado es siempre menos libre.
