La Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, presentó formalmente al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma para postergar la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, originalmente prevista para 2027, hasta el año 2028. El documento fue entregado a la Comisión Permanente y turnado de inmediato a la Cámara de Diputados, donde se anticipa un proceso legislativo acelerado.
Tramitación exprés en el Legislativo
El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, anunció que el dictamen comenzará a circular entre los legisladores este jueves, se discutirá en la Comisión de Puntos Constitucionales el próximo martes y se buscará su aprobación en el pleno el miércoles siguiente. Monreal negó que se trate de un “albazo legislativo” y afirmó: “Se cumplirán todas las etapas del proceso”.
En el Senado, el también morenista Ignacio Mier proyectó que la minuta llegará el miércoles por la tarde y podría ser discutida y votada en una sesión nocturna al día siguiente. De ser aprobada, la reforma se enviaría de inmediato a los congresos estatales para conseguir la declaratoria de constitucionalidad antes del mes de junio.
Defensa de la reforma como fortalecimiento
Desde las instalaciones del Senado, la secretaria Rodríguez defendió la modificación como una acción indispensable para “fortalecer la transformación” del Poder Judicial. El gobierno federal argumenta que el aplazamiento atiende a problemas logísticos señalados incluso por el Instituto Nacional Electoral.
La iniciativa también plantea reducir el número de candidaturas para hacer más sencillas las boletas electorales, reorganizar los Comités de Evaluación y obligar a los estados a alinear sus calendarios electorales judiciales.
Una reforma que se presenta como ciudadana
Acompañada por legisladoras de Morena, el PT y el PVEM, como Laura Itzel Castillo y Luisa María Alcalde, la titular de Gobernación sostuvo que esta reforma no es propiedad “de un partido ni de un gobierno”, sino de la ciudadanía que demanda un sistema judicial “más justo y transparente”. Mientras el proyecto de la Cuarta Transformación se promueve como un logro democrático, los partidos de oposición se preparan para una nueva disputa política por la influencia en el Poder Judicial.
