La presidenta Claudia Sheinbaum justificó las recientes modificaciones al esquema de la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), argumentando que estas medidas responden a la detección de posibles fraudes vinculados al acceso a pensiones de montos elevados. Según la mandataria, estas irregularidades representan un impacto económico de cientos de miles de millones de pesos para el Estado.
Las nuevas reglas establecen límites al salario de cotización para quienes deseen integrarse al esquema, eliminan las altas retroactivas y digitalizan los procesos de trámite. Cabe aclarar que la modalidad no desaparece; los trabajadores que ya se encuentran inscritos mantienen las condiciones de su contrato vigente, pero las opciones para futuras incorporaciones se ven reducidas.
Posturas de la oposición y análisis técnico
El bloque opositor ha reaccionado de forma crítica ante estas disposiciones. El diputado federal del PAN, Federico Döring, calificó la medida como un “atraco al ahorro legítimo de los mexicanos” y señaló que esto evidencia un quebranto en el IMSS que pone en riesgo las pensiones. Por su parte, el académico Jorge Antonio Loyo Pérez de la Universidad Iberoamericana cuestionó la gestión financiera del Estado, señalando que se gasta más de lo que se recibe y que se ha duplicado la deuda en años recientes.
Desde una perspectiva técnica, Leonardo Castillo, asesor de inversiones de Fintual, explicó que el grupo poblacional afectado comprende personas de entre 40 y 50 años, quienes actualmente planifican su retiro con la expectativa de obtener pensiones más altas. Este sector es considerado políticamente relevante debido a su alta participación en los procesos electorales, según datos del Instituto Nacional Electoral (INE).
Reacción de Morena y prospectiva política
Dentro de la arquitectura de la Cuarta Transformación, el diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, respaldó la decisión de la presidenta, afirmando que el decreto es la decisión correcta y que ahora corresponde “profundizar las indagatorias, las investigaciones y darle congruencia normativa en el sistema jurídico mexicano”.
Respecto al posible desgaste político, el consultor Carlos Piedra, de Integralia, sugirió observar cómo reaccionan los sectores urbanos afectados, aunque mantuvo una postura cautelosa. Piedra recordó que la administración de Sheinbaum ha logrado mitigar conflictos sociales previos sin que esto altere su prospectiva electoral, señalando que “Nada del tablero cambio por un tema de un conflictividad social. Por eso sería muy cauto en decir que A implica B. Yo creo que no”.