El asesinato de Guillermo Pamucé Yep, conocido como «El Chino», en un fraccionamiento de Coatzacoalcos, ha encendido las alarmas sobre la seguridad política en Veracruz. El crimen de este dirigente, quien coordinaba la región sureste del partido PAZ, representa un grave desafío para la administración de la gobernadora Rocío Nahle García, justo cuando se aproximan los procesos electorales federales y locales de 2027.
Pamucé Yep era una figura relevante en la política veracruzana y sobrino de Gonzalo Guisa Valladares, dirigente del mismo partido en la entidad. El hecho violento ocurre en un contexto donde la oposición señala que las estrategias de seguridad estatal no son suficientes para frenar la violencia, lo que genera un clima de incertidumbre y temor entre la ciudadanía respecto a la posible desestabilización del estado durante la contienda electoral.
Impacto en la agenda de bienestar y seguridad
Este atentado no solo afecta la tranquilidad política, sino que también interrumpe actividades gubernamentales clave. Se ha señalado que el crimen impactó la gira de salud que realizaban funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum para atender el desabasto de medicamentos en los hospitales de Veracruz. Ante este panorama, diversos sectores de la clase política, tanto de la 4T como de la oposición, cuestionan la capacidad de las fuerzas de inteligencia y del secretario de Seguridad Pública estatal para prevenir estos actos sangrientos.
La percepción de que existen zonas fuera del control del Estado de Derecho ha crecido, lo que coloca en una posición vulnerable a ciudadanos, autoridades y funcionarios electorales. El asesinato de Pamucé Yep es visto como el primer evento violento de una serie que podría intensificarse conforme avance el calendario electoral.
Depuración en la Fiscalía General del Estado
En respuesta a las irregularidades en investigaciones criminales, la titular de la Fiscalía General del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, ha lanzado un mensaje de cero tolerancia contra la corrupción interna. La funcionaria advirtió que no se permitirá que ningún integrante de la dependencia, sin importar su jerarquía, realice actos deshonestos que afecten la imagen de la institución.
Esta postura de mano firme se materializa con la investigación de un perito en Córdoba, presuntamente implicado en el mal manejo de indicios tras el asesinato de dos policías federales en Omealca. Se le acusa de omisiones graves, como no embalar ni etiquetar correctamente las pertenencias de las víctimas, lo que sugiere un posible ocultamiento de pruebas. Con estas acciones, la Fiscalía busca asegurar que cualquier funcionario que actúe fuera de la ley enfrente las consecuencias legales correspondientes.
