La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo trascendental al determinar que el expresidente Donald Trump sobrepasó sus facultades constitucionales al imponer múltiples aranceles que impactaron el comercio global. La decisión, tomada por una mayoría conservadora con seis votos a favor y tres en contra, señala que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional no otorga al mandatario la autoridad para aplicar medidas arancelarias bajo el argumento de una emergencia nacional.
Limitación a poderes presidenciales
Este veredicto representa un fuerte contrapeso al uso que Trump hizo de sus poderes ejecutivos para impulsar su estrategia económica y diplomática, especialmente mediante los denominados “aranceles recíprocos”, que oscilaban desde el 50 por ciento aplicado a naciones como Lesoto hasta un mínimo del 10 por ciento para países de América Latina y el Reino Unido. El tribunal también invalidó el gravamen del 25 por ciento impuesto a productos provenientes de Canadá, China y México, justificado por la administración anterior como respuesta al tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.
Antecedentes judiciales y acciones empresariales
El caso se originó tras una demanda interpuesta por dos pequeñas empresas importadoras, que en agosto lograron una sentencia favorable en una corte de apelaciones del Circuito Federal. Dicha instancia ya había concluido que no era legal emplear la ley de emergencia para tales fines.
“La Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional no autoriza al presidente a imponer aranceles”
, sentenció el alto tribunal, reforzando así la separación de poderes y el control judicial sobre decisiones unilaterales en materia comercial.
Implicaciones internacionales y comerciales
El fallo podría tener repercusiones profundas en las relaciones comerciales de Estados Unidos, particularmente con socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Funcionarios estadounidenses han indicado a medios como The New York Times que el acuerdo comercial podría descomponerse en tratados bilaterales si no se encuentran nuevas bases de negociación. Además, empresas afectadas por los aranceles han iniciado procesos legales para exigir reembolsos por los pagos realizados bajo estas medidas consideradas ahora inválidas.
