Lo que inició como una supuesta gestión institucional derivó en un escándalo mediático protagonizado por la diputada local de Morena, Gabriela Hernández Islas, en el municipio de Tlaxco. La legisladora generó controversia luego de que el gobierno municipal se negara a proporcionar patrullas y elementos policiales para bloquear una vialidad con el fin de tapar un bache… frente a las cámaras.
Confrontación en vivo y acusaciones de desacato
Durante una transmisión en redes sociales, la diputada mostró su malestar al afirmar que no recibió el respaldo necesario por parte del Ayuntamiento. Afirmó que su figura institucional no fue respetada, sin detallar si presentó una solicitud formal. La acción pretendía, aparentemente, cerrar una calle para realizar una actividad que muchos califican más como contenido para redes que como labor legislativa.
“El fuero no alcanza para imponer ocurrencias”, fue una de las frases que circularon en medios locales, en referencia a la percepción de que la legisladora intentó imponer una acción fuera de sus competencias.
¿Discriminación o exceso de funciones?
Hernández Islas, electa bajo el principio de acción afirmativa para personas con discapacidad, insinuó que la negativa podría tener tintes de discriminación. Sin embargo, funcionarios municipales aclararon que la decisión se basó en razones operativas y jurisdiccionales: el cierre de calles y la ejecución de obras públicas son facultades exclusivas del gobierno municipal, no del Poder Legislativo estatal.
Además, se destacó que no se recibió ninguna solicitud oficial que justificara el despliegue de seguridad pública para una actividad no contemplada en las funciones legislativas.
Polémica por prioridades y uso de redes
La diputada también señaló directamente a la presidenta municipal, Diana Torrejón, responsabilizándola del conflicto. Esta acción intensificó las críticas, que califican el episodio como un montaje para ganar visibilidad en redes sociales bajo un discurso de victimización política.
“Porque cuando la función pública se convierte en escenografía y la selfie sustituye al trabajo legislativo, la política deja de ser servicio… y se transforma en espectáculo.”
El caso ha reavivado el debate sobre el uso instrumental de las plataformas digitales por parte de funcionarios, la delgada línea entre gestión real y protagonismo, y cómo ciertas causas legítimas pueden ser aprovechadas para obtener beneficio mediático.
