Diputados de Morena, Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Acción Nacional (PAN) expresaron su preocupación y rechazo ante la resolución de un juez federal que anuló la vinculación a proceso del propietario del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, donde fueron hallados 386 cuerpos. Ante esta determinación judicial, los legisladores anunciaron que promoverán acciones tanto en el ámbito legislativo como jurídico para evitar que el caso quede en la impunidad.
Revisión legislativa y fortalecimiento del marco legal
Francisco Sánchez Villegas, diputado de MC y presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, indicó que aunque aún no ha revisado a profundidad la resolución del juez federal Luis Eduardo Rivas Martínez, su equipo jurídico ya analiza los alcances del amparo que invalidó el proceso. El juez determinó que no se acreditaron los elementos del delito relacionado con ocultar o inhumar cadáveres de forma ilegal.
“Hay que buscar las vías y los mecanismos para que haya justicia”, afirmó Sánchez Villegas, quien destacó el profundo impacto social que tuvo el hallazgo de los cuerpos en la comunidad juarense. Adelantó que su comisión trabaja en tres iniciativas legislativas orientadas a endurecer las sanciones, fortalecer el tipo penal y tipificar de manera específica el maltrato o manejo inhumano de restos humanos, figura que actualmente no está claramente definida en la legislación local.
Acciones inmediatas desde el Congreso
El legislador informó que ya se ordenó la elaboración de un dictamen favorable sobre la iniciativa que él mismo presentó, con la expectativa de que sea discutida pronto en el pleno del Congreso. Asimismo, subrayó la necesidad de revisar de forma integral la carpeta de investigación, la imputación formulada y todas las resoluciones judiciales emitidas en el caso, con el fin de identificar posibles vacíos o errores que pudieron influir en el fallo.
Por parte de Morena, la diputada Elizabeth Guzmán Argueta calificó la resolución como “dolorosa y sorpresiva” para la ciudadanía. Recordó que el descubrimiento de casi 400 cuerpos “lastimó a toda la ciudad” y aseguró que su bancada mantendrá un seguimiento riguroso a las actuaciones de las autoridades competentes.
Pedidos de intervención federal y exigencias de transparencia
Guzmán Argueta detalló que desde los inicios del caso, diputados morenistas acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar la atracción del caso o la coadyuvancia federal, con el objetivo de agilizar la identificación de las víctimas y garantizar el acceso a la justicia. Reiteró que continuarán presionando ante instancias federales y acompañando a las familias afectadas.
Desde el PAN, la diputada Edna Xóchitl Contreras Herrera señaló que el amparo que llevó a la liberación se basó en la ausencia de un delito conforme al criterio aplicado por el juez. Sin embargo, consideró que las autoridades debieron investigar el caso bajo la Ley General de Salud, que podría configurar un delito de carácter federal. También cuestionó la supervisión municipal, al recordar que el crematorio contaba con permisos otorgados por el Ayuntamiento de Juárez.
“No basta con expedir permisos si no existe verificación física y seguimiento”
Contreras Herrera exigió una revisión profunda del proceso de otorgamiento y supervisión de licencias de funcionamiento por parte del Municipio, y advirtió sobre la necesidad de implementar controles más estrictos para prevenir anomalías similares en el futuro.
