Lamentablemente, las obras insignia del gobierno impulsado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ideado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), comparten patrones preocupantes: retrasos en su entrega, sobrecostos, baja demanda y fallas operativas recurrentes, además de las sospechas de corrupción que rodean su ejecución.
El accidente del Ferrocarril del Istmo
Uno de los más recientes incidentes ocurrió en el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), el 28 de diciembre de 2025. Este percance, aún por definirse oficialmente como accidente o no, dejó un saldo de 14 muertos y cerca de 100 heridos. La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, atribuyó la causa principal al exceso de velocidad del maquinista, Felipe de Jesús Díaz Gómez, quien conducía a 110 km/h en un tramo donde el límite era de 70 km/h.
En un video difundido por la titular de la FGR, se exoneró a la infraestructura, así como a los vagones y maquinaria del convoy, a pesar de que estos fueron adquiridos usados para equipar el ferrocarril estatal.
Responsabilidades y omisiones
Un mes después del suceso, la FGR emitió sus conclusiones, acusando al maquinista de homicidio y lesiones culposas. Sin embargo, no se investigó a fondo a los superiores ni a los responsables de seguridad dentro de la operación del tren. Llama la atención que el conductor no contaba con licencia vigente, lo que plantea serias preguntas: ¿quién supervisa la documentación del personal operativo? ¿Existe un Jefe de Seguridad en el FIT, y si es así, por qué no ha sido cuestionado?
“¿En este caso también el hilo se reventará por lo más delgado o sí se hará justicia?”
Ocultamiento de información y dudas sobre la investigación
Las investigaciones no fueron realizadas por expertos en accidentes ferroviarios, como es estándar internacional, sino por la FGR, lo que ha generado desconfianza. Además, la dependencia decidió reservar toda la información relacionada con el caso por cinco años, alegando que su difusión afectaría la Seguridad Nacional.
Esta medida ha avivado las especulaciones: ¿se busca proteger a servidores públicos de alto nivel, posiblemente ligados a Morena, que podrían estar detrás de las fallas en la gestión y supervisión del proyecto? La opacidad alimenta la sospecha de que las verdaderas responsabilidades están siendo ocultadas.
