El presidente del Congreso de Campeche, José Antonio Jiménez Gutiérrez, miembro del partido Morena, presentó un juicio de amparo luego de anticipar que podría enfrentar una orden de detención. El político alegó estar siendo objeto de persecución política, hostigamiento y presión institucional por parte del gobierno estatal, liderado por la gobernadora también morenista, Layda Sansores San Román.
Confrontación política en el seno de Morena
La tensión entre Jiménez Gutiérrez y la mandataria estatal se intensificó desde noviembre, cuando el Congreso local analizó el Paquete Económico 2026. El legislador manifestó públicamente su desacuerdo con la propuesta de contratar una deuda pública por mil millones de pesos, aunque finalmente la medida fue aprobada por unanimidad.
La crisis se profundizó el 31 de enero, cuando la planilla que Jiménez impulsó para la mesa directiva del periodo de sesiones de febrero fue descartada. Seis diputados de Morena, alineados con Sansores, se unieron a partidos como Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, PT y PVEM para elegir como presidente a Paul Alfredo Arce Ontiveros, del MC.
Presencia policial y acusaciones de presión gubernamental
Durante la sesión de apertura del periodo ordinario, el 1º de febrero, el diputado denunció abiertamente persecución política y presiones por parte del gobierno estatal. Ese día, elementos de la policía ministerial rodearon el Palacio Legislativo, lo que generó rumores sobre una posible detención del morenista, quien optó por permanecer resguardado en sus oficinas junto con sus aliados legislativos.
La fractura dentro del grupo parlamentario de Morena se agravó el 2 de febrero, cuando Morena, PRI y MC aprobaron en sesión reservada una reforma a la Constitución local para reactivar el fuero constitucional, medida destinada a proteger a funcionarios y legisladores de detenciones que consideran arbitrarias.
Rechazo municipal y negación de la gobernadora
La medida requiere la validación de al menos siete de los 13 municipios del estado y su publicación en el periódico oficial por orden de la gobernadora para entrar en vigor. Sin embargo, siete ayuntamientos morenistas, incluyendo el de Tenabo, gobernado por Mariela Sanchez Espinosa, rechazaron avalar la reforma. En Tenabo, los regidores de Movimiento Ciudadano votaron a favor de su validación.
A pesar de las acusaciones, Layda Sansores San Román negó haber ordenado acciones legales contra el legislador. En declaraciones realizadas en Querétaro, afirmó:
“no persigue a nadie”
y agregó:
“al diputado José Antonio Jiménez lo quiere mucho”
. Cabe destacar que el fiscal estatal, Jackson Villacís, indicó el domingo previo que no existen carpetas de investigación abiertas en contra de Jiménez Gutiérrez.
